A finales del 2009, en la población de Hidalgo, Tamaulipas, el joven arquitecto Daniel N. se encontraba trabajando en la supervisión de la construcción de una nueva escuela para el municipio. Daniel venía de fuera del estado y no tenía idea de qué tan peligroso era la localidad. En la posada donde rentaba un cuarto, su casero y vecinos le advirtieron que las cosas en el estado iban de mal en peor y que debería siempre estar acompañado o manejándose con suma cautela.
El no prestó mayor atención a estas advertencias hasta que una mañana rumbo al trabajo un sujeto a bordo de una camioneta le “demandó” acercarse:
- “¿Y usted que viene a hacer aquí?”
-“Pues solamente vengo a trabajar, sin problema alguno.”
-“Pues cuidadito, que sabemos dónde y quienes son cada uno de ustedes, así que no vayan a hacer ninguna pendejada”.
Y sin más el hombre arrancó del lugar. A los pocos días, empezaron las llamadas exigiendo cuotas para continuar las labores de construcción; a la semana siguiente, Daniel decidió renunciar.
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| Foto:Vanguardia |
El día de ayer, El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José Eduardo Correa, denunció que el crimen organizado está cobrando "derecho de paso" a los constructores para que puedan acceder a las obras, situación que provoca la migración de empresas de distintas entidades. El dirigente de los constructores señaló que esto sucede principalmente en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Chihuahua.
Un caso reciente es el de Consorcio ARA, que en el 2010 recibió ofrecimiento de “servicios de seguridad”, por parte de grupos delictivos en Reynosa, Tamaulipas. “Mejor decidimos terminar lo que ya habíamos avanzado y dejar esa inversión para otro momento”, explicó Germán Ahumada Alduncin, director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). De acuerdo con Ahumada, el organismo decidió cerrar la plaza ante amenazas y robo de materiales ya que algo similar les había sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde de hecho antes laboraban cerca de 250 constructores y actualmente quedan unos 50 o menos.
Precisamente hace un año, la ADI denunció este tipo de acciones emprendidas por grupos del crimen organizado pero a la fecha no se ha desarrollado una verdadera solución.
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