Por: Alberto Aguirre M.
En El Economista
El parte de las fuerzas federales establece que un artefacto “de fabricación casera” dejó dos muertos como saldo fatal. Ayer ocurrió la cuarta detonación de un explosivo en Veracruz en menos de 90 días. Los granadazos son una constante en la guerra de los criminales por el control de la plaza jarocha.
Agosto terminará con tres ataques de este tipo en el puerto de Veracruz; sin embargo, de acuerdo con un recuento realizado por la Fundación de Periodismo de Investigación (FMEPI) que dirige Ana Arana, la recurrencia de este tipo de ataques debería haber generado focos rojos en las fuerzas federales, pues se han convertido en el arma preferida de los cárteles mexicanos y es que contabilizaron al menos 22 granadazos en todo el país en los primeros cinco meses del año. En el trienio 2008-2011 registraron 90 hechos de este tipo. El 2011 ya superó al 2009, cuando los grupos delictivos utilizaron 17 artefactos explosivos.
En este periodo, 43% de los ataques tuvo como objetivo a oficinas de gobierno, sedes diplomáticas, oficinas municipales y estaciones de policía. Si se suman los ataques a oficinas de medios informativos -uno de los blancos preferidos de los criminales han sido redacciones de diarios independientes y también instalaciones de Televisa- la cifra sube a 52%, lo que podría interpretarse como un acto de intimidación hacia personajes de la política mexicana, según la recopilación de la FMEPI, que además del conteo generó un mapa que puede ser consultado en la página electrónica www.fundacionmepi.org
El conteo de esta organización, que tiene su base en el Tecnológico de Monterrey campus ciudad de México, no incluye los ataques ocurridos en Veracruz -el más grave de ellos se dio el 14 de agosto pasado a las afueras del Acuario del Puerto en el que hubo un muerto y tres lesionados- tampoco ofrece datos sobre Sinaloa, donde apenas el pasado 8 de agosto un grupo de sicarios arrojó una granada afuera de un restaurante de la carretera Culiacán-El Dorado que afortunadamente no detonó, así como otra granada arrojada al centro comercial Plaza Palacio el 31 de mayo del 2011 sin que se reportaran muertos ni heridos.
Una revisión exhaustiva de los reportes policiacos llevó a la FMEPI a contabilizar media docena de ataques de este tipo en Mazatlán en lo que va de este sexenio.
Según la base de datos construida por FMEPI, Nuevo León es el estado con más ataques: 29 desde el 2005; el segundo lugar lo tiene Tamaulipas con 15. Los estados fronterizos con Estados Unidos son los más atacados. De hecho, 65% de los ataques ocurrió en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sonora.
Respecto de los ataques en oficinas de gobierno, las direcciones de seguridad y estaciones de policía son las más afectadas, con 76% del total de los ataques a oficinas de gobierno. En Jalisco ocurrieron 11 ataques, mientras que Michoacán se registraron 12 sucesos, el más ominoso fue el de aquel 15 de septiembre del 2009 en la ceremonia de El Grito en plena plaza pública.
En Jalisco, 55% de los ataques ocurrió en lugares públicos (palenques, carreteras, bares), donde -según los datos oficiales- se trataba de ajustes de cuentas entre bandas criminales. En contraste, 27% de los ataques en ese estado ocurrió en oficinas de gobierno. Comparando esta cifra con la nacional (43%), en este estado la mayoría de los ataques es de distinta naturaleza que en los estados del norte.
En Jalisco predominan los ataques por ajustes de cuentas entre bandas, mientras que en los del norte prevalecen los que buscan intimidar a las entidades del gobierno. En Michoacán sucede algo similar; 33% ocurre en oficinas de gobierno, 10 puntos abajo del porcentaje nacional, mientras que 58% es en lugares públicos.
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miércoles, 31 de agosto de 2011
viernes, 26 de agosto de 2011
Detrás del Casino Royale
La ilegalidad en la que muchos de los casinos del país operan no es un fenómeno reciente. Durante los últimos 10 años la cantidad de casinos en el país ha crecido exponencialmente. En el 2000 existían sólo 5 casinos en Nuevo León; actualmente el número asciende a 54. Este crecimiento se ha dado en todo el país, el cual cuenta con un total de 790 casinos.
Esta propagación tan acelerada fue permitida por los huecos legales en los permisos otorgados a los dueños de los casinos. Según una investigación del mes de julio del semanario Proceso, el año pasado se contabilizaron 185 casinos trabajando de forma ilegal, 34 de ellos en Nuevo León, 24 en DF, 16 en Coahuila y los demás esparcidos en el resto del país.
Un momento clave en el crecimiento de esta industria fue la renovación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en el año 2004, misma que fue apoyada por el entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel. Tras la implementación de dicha ley no se cancelaron permisos, sino al contrario, se otorgaron nuevos, propiciando su proliferación. La magnitud del problema hoy en día es innegable tras los trágicos sucesos ocurridos ayer en el Casino Royale, en el que 53 personas perdieron la vida, de acuerdo a datos oficiales, y que el Presidente Felipe Calderón calificó como un “acto de terror y barbarie”. Sin embargo, las cuantiosas cifras con las que dueños de los casinos sobornan a jueces y funcionarios también son alarmantes: los casinos al ser ilegales dejan de pagar al Estado al menos mil quinientos millones de pesos anuales.
Jueces corruptos fomentan la existencia de casinos ilegales
El problema involucra tanto a los dueños de los casinos que no cumplen con la Ley de Juegos y Sorteos, como a los jueces corruptos que reciben sobornos a cambio de no denunciar irregularidades.
Uno de ellos es Esiquio Martínez Hernández, secretario del Juzgado Noveno de la Ciudad de México, detenido y encarcelado en junio por enriquecimiento ilícito, cuando la PGR detectó movimientos financieros en sus cuentas bancarias por más de 400 millones de pesos, según informó el periódico La Jornada el 28 de mayo.
El juez recibió en una de sus cuentas 500 mil pesos tras haber concedido una suspensión para que se reabriera el casino Paradise, cerrado por irregularidades, y que lava dinero para una organización delictiva, como publicó el periódico Reforma el 4 de junio.
Otro juez presuntamente involucrado en la concesión de permisos a casinos irregulares es Ricardo Hirám Barbosa, acusado de proteger distintos casinos que operaban en su municipio por el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza. El Consejo de la Judicatura Federal decidió suspenderlo temporalmente.
Irregularidades denunciadas
En mayo de este año el ayuntamiento municipal suspendió las actividades del Casino Royale de Monterrey por no contar con los permisos necesarios para ampliar el lugar. Sin embargo tiempo después el Casino reabrió y continuó con sus planes de expansión. De esta forma paso expandió su construcción de 4,000 metros cuadrados a 10,000 metros cuadrados. Se desconoce el nombre del juez que le otorgó la revocación al casino, pero se presume que recibió un soborno por hacerlo.
En abril de este año la diputada perredista Lizbeth García Coronado denunció al casino ante la PGR. El 2 de mayo la diputada presentó otra denuncia contra el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y la Directora de Juegos y Sorteos, María Guadalupe López Mares, bajo la razón de que “hay en Nuevo León 57 casas de apuesta y 31 son ilegales”. (Proceso, 10 julio).
Casinos y el crimen organizado
No es casualidad que el crecimiento de los casinos vaya a la par del crecimiento de la inseguridad y del crimen organizado. Documentos internos de permisionarios dados a conocer este año sugieren que los casinos son usados para lavar dinero del crimen organizado. Los más sospechosos son los 185 que siguen abiertos sin permisos.
En los últimos meses los ataques a casinos han aumentado. El 25 de mayo 4 casinos fueron atacados simultáneamente en Monterrey, ninguno de los cuales tenía permiso para operar.
Paralelo al accidente de ayer en Casino Royale, dos casinos de la cadena Caliente fueron atacados en Saltillo y Reynosa. La cadena Caliente es propiedad de Jorge Hank Rhon.
Respecto al también dueño del Hipódromo Agua Caliente y ex-alcalde de Tijuana por el PRI, un cable emitido por el consulado de Estados Unidos en Tijuana en julio de 2009 y filtrado por Wikileaks, cuestionó " la existencia de ‘refugios seguros´ para el narcotráfico", señalando al Hipódromo Agua Caliente como uno de ellos.
¿Quiénes son los dueños de Casino Royale?
Este año el número de casinos ilegales disminuyó a 140, no porque se clausuraron sino porque los empresarios que tienen permisos se asocian con los que no tienen, según Proceso.
Éste es el caso del Casino Royale de Monterrey. De acuerdo al diario Vanguardia, su dueño es Raúl Rocha, empresario de CYMSA Corporation S.A. de C.V., quien se asoció con Ramón Madero, dueño de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, para poder usar el permiso federal que la Secretaria de Gobernación otorgó a la empresa de Madero.
El día de ayer se dijo que Rodrigo Aguirre Vizzuett estaba asociado con Madero; al respecto la familia Vizuett declaró ayer en Milenio Televisión que ellos ya no eran socios de Atracciones y Emociones Vallarta, pues Madero se apropió de la empresa bajo condiciones que no aclararon.
Ramón Madero es primo del que fuera alcalde de Monterrey de 2005 a 2009, Adalberto Arturo Madero Quiroga.
Fuentes:
“Los casinos: Abusos, anarquía, narco…” Artículo publicado en el Semanario Proceso el 10 de julio de 2011, por Jesusa Cervantes y Luciano Campos.
miércoles, 6 de julio de 2011
Confesiones de un Zeta
El domingo 03 de julio, Jesús Enrique Rejón alias “El Mamito”, fundador y tercero al mando en la estructura del grupo criminal Los Zetas, fue aprehendido durante un operativo de las Fuerzas Especiales en el municipio de Atizapán de Zaragoza, al poniente del Distrito Federal. Hasta el momento, Rejón Aguilar ha dado un par de declaraciones a la Secretaría de Seguridad Pública federal que permiten vislumbrar los movimientos de ésta organización criminal.
De acuerdo con Rejón, todas las armas en control del grupo delictivo son compradas en Estados Unidos. El detenido dice que a raíz de la lucha que ha emprendido el gobierno federal contra el crimen organizado, a Los Zetas se les ha dificultado traer armamento a suelo mexicano; sin embargo, afirma que quien aún posee mayor facilidad para hacerlo es el cártel del Golfo, que pasa armamento a través de puntos clave de los puentes fronterizos, y supone que pueden hacerlo por tener tratos con el gobierno.
“El Mamito” asegura que Los Zetas pueden adquirir drogas en Colombia, Panamá y Guatemala, pero prefieren comprarla es esta última nación porque no confían en los grupos delictivos colombianos.
A Enrique Rejón también se le conecta con el asesinato de un agente norteamericano sucedido el 15 febrero de este año en San Luis Potosí ; el confirmó que el ataque contra los agentes de la Oficina de Administración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), se debió a una confusión con integrantes de grupos rivales.
Durante su entrevista con la Secretaría de Seguridad Pública federal afirmó que en un inicio Los Zetas estaban conformados por siete miembros y posteriormente se integraron siete más, por lo que son 14 los “más viejos”.
viernes, 17 de junio de 2011
Aumenta violencia en Nuevo León
El 15 de junio, Nuevo León vivió su día más violento registrando casi 40 muertes relacionadas con el crimen organizado. A lo largo de todo el día se registraron distintos hechos criminales que dejaron un saldo de 15 muertes en Monterrey, seis en Guadalupe, cinco en Pesquería, tres en Cadereyta, y otras más en García y San Pedro.
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| Vanguardia-Agencias |
Entre todos los asesinatos cometidos el miércoles 15, los más sonados fueron los de dos escoltas de Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de la entidad. Los cuerpos de los hombres fueron hallados descuartizados y envueltos en costales en la avenida Chapultepec y Arteaga alrededor de las 7:40 horas, frente a un centro comercial HEB.
El pasado 20 de mayo la entidad había tenido su jornada más violenta al sumar 18 muertos, 14 de ellos reportados fallecidos en un incendio en el Cereso de Apodaca y otros cuatro en ejecuciones ligadas a la delincuencia.
Nuevo León sufre esta ola de violencia a tres días de haberse implementado el Operativo Nacional Conago-1, mismo que en este lapso suma mil 131 detenciones, 262 mandamientos judiciales cumplimentados, 626 vehículos recuperados con reporte de robo y 69 armas largas incautadas.
miércoles, 18 de mayo de 2011
Narco extorsiona a Constructoras
A finales del 2009, en la población de Hidalgo, Tamaulipas, el joven arquitecto Daniel N. se encontraba trabajando en la supervisión de la construcción de una nueva escuela para el municipio. Daniel venía de fuera del estado y no tenía idea de qué tan peligroso era la localidad. En la posada donde rentaba un cuarto, su casero y vecinos le advirtieron que las cosas en el estado iban de mal en peor y que debería siempre estar acompañado o manejándose con suma cautela.
El no prestó mayor atención a estas advertencias hasta que una mañana rumbo al trabajo un sujeto a bordo de una camioneta le “demandó” acercarse:
- “¿Y usted que viene a hacer aquí?”
-“Pues solamente vengo a trabajar, sin problema alguno.”
-“Pues cuidadito, que sabemos dónde y quienes son cada uno de ustedes, así que no vayan a hacer ninguna pendejada”.
Y sin más el hombre arrancó del lugar. A los pocos días, empezaron las llamadas exigiendo cuotas para continuar las labores de construcción; a la semana siguiente, Daniel decidió renunciar.
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| Foto:Vanguardia |
El día de ayer, El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, José Eduardo Correa, denunció que el crimen organizado está cobrando "derecho de paso" a los constructores para que puedan acceder a las obras, situación que provoca la migración de empresas de distintas entidades. El dirigente de los constructores señaló que esto sucede principalmente en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Durango y Chihuahua.
Un caso reciente es el de Consorcio ARA, que en el 2010 recibió ofrecimiento de “servicios de seguridad”, por parte de grupos delictivos en Reynosa, Tamaulipas. “Mejor decidimos terminar lo que ya habíamos avanzado y dejar esa inversión para otro momento”, explicó Germán Ahumada Alduncin, director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). De acuerdo con Ahumada, el organismo decidió cerrar la plaza ante amenazas y robo de materiales ya que algo similar les había sucedido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde de hecho antes laboraban cerca de 250 constructores y actualmente quedan unos 50 o menos.
Precisamente hace un año, la ADI denunció este tipo de acciones emprendidas por grupos del crimen organizado pero a la fecha no se ha desarrollado una verdadera solución.
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