Fuego Cruzado de Marcela Turati

México se encuentra experimentando una de las épocas más conflictivas y dolorosas de toda su historia. La denominada “Guerra contra el Narcotráfico” que ha dejado una cifra de 300 mil muertos en lo que va del sexenio de Felipe Calderón; y, sin duda alguna, fuertes y dolorosas heridas dentro de la psique de la sociedad mexicana.

Marcela Turati, quien actualmente ejerce el periodismo independiente pero ha participado activamente en la revista Proceso, realizó una investigación detallada en los 10 estados del país más afectados por el narcotráfico, buscando a las personas que sí bien no pertenecen al crimen organizado, sus vidas han sido marcadas por las acciones del mismo. Bajo el razonamiento de que“siempre hemos escuchado la voz de los violentos, de los que quieren la guerra, y nunca escuchamos a las víctimas”, Turati busca dar la palabra a quienes no la han tenido a lo largo del conflicto o que, más bien, tienen demasiado miedo para platicar a detalle su historia. El libro cuenta las vivencias de personas que han perdido a familiares a manos del crimen organizado, de rescatistas encargados de la recolección de cadáveres, de los niños sobrevivientes de balaceras y, por supuesto, de los periodistas que no han tenido más opción que dejar a un lado su profesión.

Turati también lanza datos sobre una realidad que muchos creen conocer pero que realmente es más grave de lo que parece: 500 mil mexicanos se encuentran involucrados en el crimen organizado, el doble de trabajadores de Walmart, principal empleadora de México; el crimen organizado genera una ganancia de 25 mil millones de dólares al año; 20 ciudadanos son asesinados diariamente por circunstancias relacionadas al narcotráfico, etc.

Fuego Cruzado es una investigación minuciosa que no solamente deja al descubierto lo que las autoridades mexicanas han sido incapaces de proteger durante el terrible conflicto por el que se encuentra pasando nuestro país, sino que también nos obliga a preguntarnos qué quedará de nosotros como sociedad y que consecuencias tendremos que enfrentar una vez terminado el mismo.

¿Se disuelve La Familia michoacana?

La Familia michoacana inició como un brazo de Los Zetas que, después de separarse del cártel del Golfo, comenzó a controlar varios poblados de la zona de Tierra Caliente, incluyendo Apatzingán. El 07 de septiembre de 2006, esta organización mostró su poderío al dejar sobre la pista del bar Luz y Sombra, ubicado en Uruapan, cinco cabezas humanas cortadas a machete; los comensales que se encontraban en el lugar observaron a varios hombres bajar de tres camionetas para luego entrar y vaciar sobre el piso el contenido de unos costales.

Este acto llevaba una nota firmada “La Familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina”. Casi dos años después, este cártel marcó la historia en Michoacán al arrojar dos granadas en la plaza principal de Morelia, durante los festejos de la Independencia, las cuales dejaron como saldo ocho muertos y más de cien heridos.

La mañana del 24 de enero fueron puestas en diversas entidades de Michoacán narcomantas  donde el grupo criminal de La Familia Michoacana anuncia su supuesta disolución. Las mantas fueron colocadas en distintos puntos de la ciudad de Apatzingán,  así como en la carretera Apatzingán-Cuatro Caminos, Parácuaro, el crucero de Parácuaro de Antúnez, en el monumento al general Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre,  Quiroga y Lázaro Cárdenas, Paracho y Zacapu.

La organización acusa al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de proteger al cártel de “Los Zetas” y a la Policía Federal de encabezar acciones criminales dentro de Michoacán. A su vez, el grupo criminal solicita al Presidente Felipe Calderón que inicie una investigación contra García Luna, ya que aseguran ha generado desinformación y mala asesoría en el gabinete federal.

Una de las mantas lee lo siguiente:

“A toda la sociedad en general les comunicamos que hasta el día de hoy se da por concluido todos los servicios en general que estaba brindando a la sociedad michoacana (sic) que desde del día primero de diciembre en respuesta para todas las atrocidades, abusos y violaciones que han venido haciendo la PFP contra la población civil del estado de Michoacán. Dichos abusos son dirigidos por Genaro García Luna que entran con la falsedad y engaño de salvaguardar a los michoacanos y hacen todo lo contrario, cuando los delincuentes y ladrones son las mismas fuerzas federales. La Familia Michoacana se disuelve por completo ya que la han culpado injustificadamente. La Familia ha exterminado a los secuestradores y violadores, es momento de que el señor Felipe Calderón investigue su gabinete en especial a Genaro García Luna, que ha sido mal influenciado y mal asesorado en contra de la Familia Michoacana. Se abren las puertas del estado para que demuestren el amor por su tierra natal el mismo gobierno o a la sociedad o alguien más se dé a la tarea de terminar lo que La Familia Michoacana empezó”

Radios comunitarias bajo amenaza en Honduras

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya denunció el martes 11 de enero acciones de hostigamiento por parte de la policía y funcionarios de gobierno en contra de radios comunitarias en Honduras.  A su vez, la Comisión instó al Estado hondureño en un comunicado "a investigar estos hechos y garantizar que ni sus agentes ni particulares realicen actos de hostigamiento contra quienes ejercen su libertad de expresión a través de emisoras comunitarias”.

De acuerdo con las denuncias emitidas por el Consejo de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras (COPINH), las radios Guarajambala y La Voz Lenca, medios de comunicación comunitaria del COPINH, fueron agredidas el 5 de enero de este año por empleados de la empresa Servicio de Medición Eléctrico de Honduras (SEMEH), cuyo propietario es Arturo Corrales Álvarez, ministro de planificación del actual régimen.

Informaciones difundida por el COPINH asegura que los supuestos empleados de SEMEH amenazaron de muerte a integrantes de la organización y cortaron la electricidad, lo cual dejó sin posibilidad de transmisión a las radios comunitarias. Estas agresiones se suman a muchas más cometidas en contra de medios comunitarios e independientes en Honduras. En algunos casos se han hecho detenciones arbitrarias y persecuciones; incluso se tienen reportadas agresiones físicas en contra de dos corresponsables de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, ocurridas el 15 de diciembre de 2010 por parte de integrantes de un operativo combinado que incluyó al Ejército y la Fuerza Nacional. 

Ese mismo día, dos periodistas de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande que cubrían el desalojo de una familia fueron detenidas y despojadas de su equipo por elementos de la policía. Las reporteras fueron acusadas de desobediencia y se les mantuvo incomunicadas durante 36 horas.

De igual forma este  4 de enero, fue robada la computadora de una integrante de la radio virtual Honduras Insurrecta, miembro del Movimiento Nueva Democracia. Una denuncia fue interpuesta por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) sin que se haya llegado a ningún lado.

La situación de los periodistas y la libertad de expresión ha empeorado tras el golpe de Estado en Honduras, en junio del 2009.

Armas de fuego: La otra polémica de la masacre de Tucson

El 8 de enero la congresista de Arizona, Gabrielle Giffords, fue víctima de un intento de asesinato. En el mismo acto, perdieron la vida seis personas y 14 más resultaron heridas.

El ataque sucedió durante el evento "Congress on Your Corner" en el Mall de La Toscana, en el que la congresista hablaría aproximadamente tres o cuatro minutos con cada individuo acerca de problemáticas presentes en el estado de Arizona. El asesino, un joven de 22 años llamado Jared Lee Loughner, intentó acercarse a Giffords minutos antes del evento pero no le fue permitido diciéndole que debía esperar su turno. Una vez que logró estar frente a Giffords, Loughner sacó de su camisa una Glock 19, que compró en noviembre del año pasado, y le disparó a la congresista en la cabeza. Acto seguido, el joven empezó a disparar hacia la multitud.

Santuario ubicado a las afueras del Centro Médico del 

Hospital Universitario de Tucson,

Arizona (EFE)

El hecho de que Loghner, quien fue suspendido el año pasado de Pima Community College aparentemente por problemas mentales, fuera capaz de conseguir un arma ha provocado aún más polémica sobre este caso. De acuerdo con las reglamentaciones sobre armas de fuego en todos los estados de Norteamérica, está prohibida su venta a todo individuo que presente indicios de una delicada salud mental. Para esto el gobierno federal cuenta con una base de datos que ayuda a prevenir que criminales e individuos considerados mentalmente incapacitados  tengan acceso a este tipo de armas. La base de datos, mantenida por el FBI, es conocida como la National Instant Criminal Background Check System (NICS); pero de acuerdo con la Organización Brady, la base de datos de NICS no posee la información de más de un millón de individuos que deberían estar en la lista.

Según las estimaciones del estado de Arizona, esta entidad tiene 121,700 registros de enfermedad mental que deberían estar en la base de datos NICS. Sus cifras dentro de la base, en el período de octubre 2008 a octubre 2010 son apenas de 4,465 datos.

A pesar de haber recibido un balazo directo a la cabeza, Gifford sobrevive. Actualmente, la congresista se encuentra fuertemente sedada y en un estado comatoso del cual podría tomar meses o incluso años recuperarse.

Los requerimientos para poseer un arma de fuego en el estado de Arizona se pueden encontrar en el siguiente link: http://crime.about.com/od/gunlawsbystate/p/gunlaws_az.htm