El 30 de septiembre de este año Ecuador vivió una de sus mayores crisis en los últimos cinco años. Elementos de las fuerzas policiales del país iniciaron una revuelta provocada por la aprobación de una ley que permite el supuesto retiro de varios beneficios laborales. La protesta se elevó a tal grado que eventualmente se tendría “secuestrado” al presidente Rafael Correa, lo que dio paso a que el Gobierno ecuatoriano denunciase el acontecimiento como un intento de golpe de Estado. Durante los hechos, distintos medios nacionales e internacionales se vieron agredidos, y es por esta razón que Reporteros sin Fronteras (RSF) hace un llamado de justicia.
La organización de prensa expresó a través de un comunicado que “Debe hacerse justicia por los casos de periodistas de la prensa nacional e internacional que fueron víctimas del motín policiaco”. A su vez, RSF agregó que el organismo de defensa de la libertad de Ecuador, Fundamedios, registró 22 agresiones a periodistas y medios en los que, en la mayoría de los casos, los policías sublevados intentaron impedir la cobertura de los eventos destruyendo el material de fotógrafos y camarógrafos o simplemente agrediéndolos. Entre algunos de estos casos están los de Hernán Higuera, periodista de la cadena televisiva Ecuavisa, que fue agredido físicamente por uno de los guardias del presidente Rafael Correa. Mientras Hernán cubría las protestas desde el techo de un automóvil, un policía intentaba empujarlo para que dejara de grabar; cuando este logró descender del automóvil un guardia presidencial lo agredió con golpes y patadas. Miguel Castillo, coordinador regional de Diario El Comercio de Ambato fue golpeado junto con su camarógrafo (a quien privaron de su cámara) por policías y también atacados con gas pimienta.
En medios estatales como Ecuador TV y la Radio Pública se denunció que los policías sublevados habrían querido cortar sus transmisiones. "Toda la prensa ecuatoriana, pública o privada, pagó el precio de esta jornada negra", agregó RSF. La prensa internacional se vio afectada cuando "los amotinados retuvieron varias horas a representantes del canal informativo latinoamericano Telesur" y la "Agencia France Presse (AFP) confirmó la agresión física de dos de sus fotógrafos y la destrucción parcial de su material en los accesos del hospital donde Correa estaba secuestrado".
RSF concluye su comunicado afirmando que "todos estos hechos merecen una respuesta judicial y la reafirmación por parte del gobierno y de la sociedad civil de un consenso general en torno a las libertades fundamentales garantizadas en el marco constitucional".
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