Por: Alberto Aguirre M.
En El Economista
El parte de las fuerzas federales establece que un artefacto “de fabricación casera” dejó dos muertos como saldo fatal. Ayer ocurrió la cuarta detonación de un explosivo en Veracruz en menos de 90 días. Los granadazos son una constante en la guerra de los criminales por el control de la plaza jarocha.
Agosto terminará con tres ataques de este tipo en el puerto de Veracruz; sin embargo, de acuerdo con un recuento realizado por la Fundación de Periodismo de Investigación (FMEPI) que dirige Ana Arana, la recurrencia de este tipo de ataques debería haber generado focos rojos en las fuerzas federales, pues se han convertido en el arma preferida de los cárteles mexicanos y es que contabilizaron al menos 22 granadazos en todo el país en los primeros cinco meses del año. En el trienio 2008-2011 registraron 90 hechos de este tipo. El 2011 ya superó al 2009, cuando los grupos delictivos utilizaron 17 artefactos explosivos.
En este periodo, 43% de los ataques tuvo como objetivo a oficinas de gobierno, sedes diplomáticas, oficinas municipales y estaciones de policía. Si se suman los ataques a oficinas de medios informativos -uno de los blancos preferidos de los criminales han sido redacciones de diarios independientes y también instalaciones de Televisa- la cifra sube a 52%, lo que podría interpretarse como un acto de intimidación hacia personajes de la política mexicana, según la recopilación de la FMEPI, que además del conteo generó un mapa que puede ser consultado en la página electrónica www.fundacionmepi.org
El conteo de esta organización, que tiene su base en el Tecnológico de Monterrey campus ciudad de México, no incluye los ataques ocurridos en Veracruz -el más grave de ellos se dio el 14 de agosto pasado a las afueras del Acuario del Puerto en el que hubo un muerto y tres lesionados- tampoco ofrece datos sobre Sinaloa, donde apenas el pasado 8 de agosto un grupo de sicarios arrojó una granada afuera de un restaurante de la carretera Culiacán-El Dorado que afortunadamente no detonó, así como otra granada arrojada al centro comercial Plaza Palacio el 31 de mayo del 2011 sin que se reportaran muertos ni heridos.
Una revisión exhaustiva de los reportes policiacos llevó a la FMEPI a contabilizar media docena de ataques de este tipo en Mazatlán en lo que va de este sexenio.
Según la base de datos construida por FMEPI, Nuevo León es el estado con más ataques: 29 desde el 2005; el segundo lugar lo tiene Tamaulipas con 15. Los estados fronterizos con Estados Unidos son los más atacados. De hecho, 65% de los ataques ocurrió en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sonora.
Respecto de los ataques en oficinas de gobierno, las direcciones de seguridad y estaciones de policía son las más afectadas, con 76% del total de los ataques a oficinas de gobierno. En Jalisco ocurrieron 11 ataques, mientras que Michoacán se registraron 12 sucesos, el más ominoso fue el de aquel 15 de septiembre del 2009 en la ceremonia de El Grito en plena plaza pública.
En Jalisco, 55% de los ataques ocurrió en lugares públicos (palenques, carreteras, bares), donde -según los datos oficiales- se trataba de ajustes de cuentas entre bandas criminales. En contraste, 27% de los ataques en ese estado ocurrió en oficinas de gobierno. Comparando esta cifra con la nacional (43%), en este estado la mayoría de los ataques es de distinta naturaleza que en los estados del norte.
En Jalisco predominan los ataques por ajustes de cuentas entre bandas, mientras que en los del norte prevalecen los que buscan intimidar a las entidades del gobierno. En Michoacán sucede algo similar; 33% ocurre en oficinas de gobierno, 10 puntos abajo del porcentaje nacional, mientras que 58% es en lugares públicos.
miércoles, 31 de agosto de 2011
viernes, 26 de agosto de 2011
Detrás del Casino Royale
La ilegalidad en la que muchos de los casinos del país operan no es un fenómeno reciente. Durante los últimos 10 años la cantidad de casinos en el país ha crecido exponencialmente. En el 2000 existían sólo 5 casinos en Nuevo León; actualmente el número asciende a 54. Este crecimiento se ha dado en todo el país, el cual cuenta con un total de 790 casinos.
Esta propagación tan acelerada fue permitida por los huecos legales en los permisos otorgados a los dueños de los casinos. Según una investigación del mes de julio del semanario Proceso, el año pasado se contabilizaron 185 casinos trabajando de forma ilegal, 34 de ellos en Nuevo León, 24 en DF, 16 en Coahuila y los demás esparcidos en el resto del país.
Un momento clave en el crecimiento de esta industria fue la renovación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en el año 2004, misma que fue apoyada por el entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel. Tras la implementación de dicha ley no se cancelaron permisos, sino al contrario, se otorgaron nuevos, propiciando su proliferación. La magnitud del problema hoy en día es innegable tras los trágicos sucesos ocurridos ayer en el Casino Royale, en el que 53 personas perdieron la vida, de acuerdo a datos oficiales, y que el Presidente Felipe Calderón calificó como un “acto de terror y barbarie”. Sin embargo, las cuantiosas cifras con las que dueños de los casinos sobornan a jueces y funcionarios también son alarmantes: los casinos al ser ilegales dejan de pagar al Estado al menos mil quinientos millones de pesos anuales.
Jueces corruptos fomentan la existencia de casinos ilegales
El problema involucra tanto a los dueños de los casinos que no cumplen con la Ley de Juegos y Sorteos, como a los jueces corruptos que reciben sobornos a cambio de no denunciar irregularidades.
Uno de ellos es Esiquio Martínez Hernández, secretario del Juzgado Noveno de la Ciudad de México, detenido y encarcelado en junio por enriquecimiento ilícito, cuando la PGR detectó movimientos financieros en sus cuentas bancarias por más de 400 millones de pesos, según informó el periódico La Jornada el 28 de mayo.
El juez recibió en una de sus cuentas 500 mil pesos tras haber concedido una suspensión para que se reabriera el casino Paradise, cerrado por irregularidades, y que lava dinero para una organización delictiva, como publicó el periódico Reforma el 4 de junio.
Otro juez presuntamente involucrado en la concesión de permisos a casinos irregulares es Ricardo Hirám Barbosa, acusado de proteger distintos casinos que operaban en su municipio por el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza. El Consejo de la Judicatura Federal decidió suspenderlo temporalmente.
Irregularidades denunciadas
En mayo de este año el ayuntamiento municipal suspendió las actividades del Casino Royale de Monterrey por no contar con los permisos necesarios para ampliar el lugar. Sin embargo tiempo después el Casino reabrió y continuó con sus planes de expansión. De esta forma paso expandió su construcción de 4,000 metros cuadrados a 10,000 metros cuadrados. Se desconoce el nombre del juez que le otorgó la revocación al casino, pero se presume que recibió un soborno por hacerlo.
En abril de este año la diputada perredista Lizbeth García Coronado denunció al casino ante la PGR. El 2 de mayo la diputada presentó otra denuncia contra el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y la Directora de Juegos y Sorteos, María Guadalupe López Mares, bajo la razón de que “hay en Nuevo León 57 casas de apuesta y 31 son ilegales”. (Proceso, 10 julio).
Casinos y el crimen organizado
No es casualidad que el crecimiento de los casinos vaya a la par del crecimiento de la inseguridad y del crimen organizado. Documentos internos de permisionarios dados a conocer este año sugieren que los casinos son usados para lavar dinero del crimen organizado. Los más sospechosos son los 185 que siguen abiertos sin permisos.
En los últimos meses los ataques a casinos han aumentado. El 25 de mayo 4 casinos fueron atacados simultáneamente en Monterrey, ninguno de los cuales tenía permiso para operar.
Paralelo al accidente de ayer en Casino Royale, dos casinos de la cadena Caliente fueron atacados en Saltillo y Reynosa. La cadena Caliente es propiedad de Jorge Hank Rhon.
Respecto al también dueño del Hipódromo Agua Caliente y ex-alcalde de Tijuana por el PRI, un cable emitido por el consulado de Estados Unidos en Tijuana en julio de 2009 y filtrado por Wikileaks, cuestionó " la existencia de ‘refugios seguros´ para el narcotráfico", señalando al Hipódromo Agua Caliente como uno de ellos.
¿Quiénes son los dueños de Casino Royale?
Este año el número de casinos ilegales disminuyó a 140, no porque se clausuraron sino porque los empresarios que tienen permisos se asocian con los que no tienen, según Proceso.
Éste es el caso del Casino Royale de Monterrey. De acuerdo al diario Vanguardia, su dueño es Raúl Rocha, empresario de CYMSA Corporation S.A. de C.V., quien se asoció con Ramón Madero, dueño de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, para poder usar el permiso federal que la Secretaria de Gobernación otorgó a la empresa de Madero.
El día de ayer se dijo que Rodrigo Aguirre Vizzuett estaba asociado con Madero; al respecto la familia Vizuett declaró ayer en Milenio Televisión que ellos ya no eran socios de Atracciones y Emociones Vallarta, pues Madero se apropió de la empresa bajo condiciones que no aclararon.
Ramón Madero es primo del que fuera alcalde de Monterrey de 2005 a 2009, Adalberto Arturo Madero Quiroga.
Fuentes:
“Los casinos: Abusos, anarquía, narco…” Artículo publicado en el Semanario Proceso el 10 de julio de 2011, por Jesusa Cervantes y Luciano Campos.
jueves, 25 de agosto de 2011
Humberto Millán, periodista de “la vieja Guardia”, asesinado de un tiro en la nuca
Humberto Millán, tenía 53 años de edad, se dedicaba a la labor periodística desde hace tres décadas; fue director del semanario A Discusión, el cual tuvo que convertirse en un medio únicamente en Internet tras el rompimiento que Millán tuvo con la administración del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla (2005-2010)
Periodistas sinaloenses aseguran que ya había sido víctima de amenazas por las denuncias que hacía contra políticos y funcionarios públicos locales y nacionales. Se dice que incluso existe un video en donde el periodista señala a los presuntos culpables en caso de que algo le sucediera, según comentó la corresponsal de Sinaloa Eva Guerrero.
Cronología de la desaparición
24 de agosto de 2011
6:00h
Humberto Millán es secuestrado mientras salía de su oficina, ubicadas en el fraccionamiento Canaco. Al parecer los secuestradores viajaban en dos camionetas.
12:00h
Periodistas del portal El Debate salen a buscar Millán y reportan que hasta ese momento no se habían desplegado operativos de búsqueda por parte del gobierno.
17:11h
La CNDH abre un expediente de queja por la desaparición de Millán. Con este expediente ya suman 14 desapariciones de informadores registradas por la organización.El procurador general de Justicia, Higuera Gómez asegura que se empezó una búsqueda del periodista en las salidas de la ciudad.
El Observatorio Nacional contra la Violencia demanda a las autoridades la localización de Humberto Millán en buenas condiciones.
25 de agosto de 2011
08:00h
Comienzan a salir las primeras versiones sobre el posible hallazgo del cuerpo sin vida del periodista
10:00hSe confirma que en Campo Morelia, entre parcelas a las afueras de Culiacán, Sinaloa, se encontraba el cuerpo de Humberto Millán con un disparo en la nuca.
Reacciones
Los medios que, en marzo de este año, firmaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia condenaron el hecho y exigieron a las autoridades municipales, locales y federales a esclarecer la desaparición y muerte del periodista dedicado a temas políticos.
En Twitter diversos periodistas, a través de sus cuentas personales, lamentaron la muerte del conductor del programa Sin ambages.
“@lopezdoriga1 Confirmado: Hallan ejecutado al periodista Humberto Millan en un camino de terraceria en Sinaloa. Lo habían secuestrado ayer. Crimen impune”
“@ClouthierManuel 8 meses del gobierno Malovista tenemos entre otros los asesinatos de luis perez, fuco urrea y hoy humberto millan todos en la impunidad, XQ?”
Hasta el momento ninguna dependencia ha hecho alguna declaración sobre los posibles responsables de este asesinato.
miércoles, 24 de agosto de 2011
Huyendo de la violencia, joven estudiante encuentra barreras culturales en su nuevo país
Texto de Mariel Torres dentro del proyecto MEXODUS
EL PASO — Mariana había soñando toda la vida con su quinceañera. Durante meses ella y su familia planearon la celebración, atentos a todos los detalles, el salón, su vestido, un pastel grande, las invitaciones ya enviadas. Pero faltando precisamente una quincena antes de la ocasión, una pandilla entró a su casa y la secuestró.
EL PASO — Mariana había soñando toda la vida con su quinceañera. Durante meses ella y su familia planearon la celebración, atentos a todos los detalles, el salón, su vestido, un pastel grande, las invitaciones ya enviadas. Pero faltando precisamente una quincena antes de la ocasión, una pandilla entró a su casa y la secuestró.
El primero de abril de 2009, 20 hombres con uniformes de la policía mexicana irrumpieron en su casa en un pequeño pueblo del estado de Chihuahua, golpearon a su padre amenazándolo a él y a la familia entera. Se la llevaron por dos días y una noche. La familia de Mariana tuvo que pagar ocho mil dólares para que la devolvieran.
Este acontecimiento traumático cambió dramáticamente la vida de la familia de Mariana. Por el temor de volver a perder a su hija sus padres decidieron huir a los Estados Unidos abandonando sus propiedades, parientes, amigos, en fin, todo lo que hasta ese momento había sido su vida en Chihuahua.
“Sé que estamos aquí ilegalmente, pero por lo menos ahora dormimos tranquilos”. Mariana dijo, “Si tenemos que escoger entre la muerte allá y la prisión aquí, la cárcel sería mejor”.
Actualmente Mariana está inscrita aquí en la preparatoria El Dorado High School, una más de tantos estudiantes obligados a abandonar sus escuelas, sus amigos y adaptarse a un sistema educativo nuevo, el sistema escolar público de Texas. Debido a su condición migratoria precaria le pidió a Borderzine que no publicara su apellido.
Ya en los Estados Unidos no solo es difícil encontrar nuevos amigos, sino también es difícil adaptarse a un idioma y tecnología nuevos que jamás había visto. Además de verse atrasada dos años por no saber inglés.
“La vida aquí ha sido muy difícil porque no sé inglés y no salgo”. Mariana sigue, “En la escuela muchos me han ayudado mucho porque no sabía nada. No sabía usar una computadora, pero ahora sí sé. En mi pueblo no teníamos internet ni nada. Ha sido un cambio muy grande”.
El número de alumnos inscritos en el programa de inglés como segundo idioma [ESL por las siglas en inglés] de El Dorado High School ha aumentado durante estos últimos cuatro años. En el año escolar de 2006 – 2007 El Dorado tenía un total de 143 estudiantes. Ese número ha aumentado hasta contar con 204 al terminar el año escolar 2009 – 2010. Sin embargo, según el portavoz oficial del Distrito Escolar Independiente de Socorro [SISD por las siglas en inglés], Daniel Escobar, el aumento no se debe necesariamente al éxodo de familias que vienen a El Paso desde Juárez.
Escobar aclara, “El distrito ha seguido creciendo. Aún antes de la reciente turbulencia en Juárez hemos crecido un tres por ciento anual, hasta por unos 1500 estudiantes por año. Así que no se debe necesariamente a los estudiantes que vienen de Juárez”.
Mariana y su familia llegaron a los Estados Unidos con solo su visa de turista. Mariana tiene una hermana menor inscrita en la Primaria Bill Sybert y una hermana de 21 años que tiene que quedarse en casa porque no tiene permiso para trabajar aquí ni tampoco sabe el idioma. Actualmente alquilan un departamento en el este de la ciudad.
Declara Escobar, “Con la construcción del Periférico 375 se ha urbanizado el este de la ciudad. Muchas familias militares eligen vivir en el este. Hay un hospital nuevo Sierra Providence, así que hay muchas razones que se ha urbanizado el este siendo éste principalmente nuestro distrito escolar. Qué si hay estudiantes provenientes de México, seguro que sí. Pero, si es la mayoría de nuestro crecimiento, creo que no”.
Aunque las cifras indiquen un aumento de hispanos en los programas ESL y LEP [con limitado desempeño en inglés] no hay modo de reportar los números exactos de estudiantes que se trasladan de México. Una petición de Borderzine al distrito pidiendo información pública fue negada alegando que el distrito no documenta los estudiantes que vienen de escuelas mexicanas.
Mariana comenta, “Hay muchos estudiantes de Juárez con historias como la mía, por eso no me fue difícil hacer amigos aquí”.
Un maestro de El Dorado, quien pidió no divulgar su nombre, dijo que de verdad hay un gran número de estudiantes en El Dorado que vienen de escuelas mexicanas que confrontan muchas dificultades al adaptarse a un sistema escolar nuevo.
“Una cosa es el idioma, pero otra es asimilación; extrañan su cultura; no quieren estar aquí. Es cosa de toda de su vida, sus padres, su modo de pensar”, sigue el maestro. “Hay estudiantes aquí que sé que son de Juárez, Chihuahua, Parral y lo más difícil es la asimilación”.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información la municipalidad de donde viene Mariana tiene una población de 10,953 personas y 29 escuelas. El pueblito pequeño de donde era vecina Mariana tiene una población aproximada de 385 personas.
Para Mariana inscribirse en El Dorado, una escuela de 3,123 inscripciones en 2009 – 2010, representa un cambio drástico. El Distrito de Socorro en sí cuenta con 45 escuelas.
“Los primeros meses fueron muy difíciles”, dice Mariana. “Unos maestros me trataron mal por no saber inglés”.
Mariana, ahora de 16 años, recuerda un momento cuando una de sus maestras no le creía que no sabía inglés y la humilló ante la clase entera. Después de consultar con un instructor de ESL [inglés como segundo idioma] esa maestra ahora confirma que Mariana entienda sus ponencias. A veces hasta le traduce las pruebas.
Cynthia López, subadministradora de educación secundaria del Distrito Escolar Independiente de Socorro, dice que el distrito se está preparando para adiestrar a todos los maestros de métodos educativos para enseñar a los alumnos que hablan un segundo idioma.
“La mayoría de los maestros ya están preparados. Empezamos esto hace ya cinco años. El objetivo era asegurar que aunque tuvieran sólo uno o dos ó 10 ó 12 estudiantes en su clase podrían enseñarles a esos estudiantes cómo hablar inglés”, dice López.
Algunos de los maestros de Mariana sí le ayudan pero también tiene que tratar con aquellos que le hacen la vida pesada por no poder hablar bien el idioma.
“Hace unos seis meses le dije al maestro de drama que no le entendía y me dijo, ‘te lo traducimos’. Luego simplemente se fue. Sigue tratándome igual pero ahora simplemente no le hago caso”, dijo.
Mariana no sólo tiene que enfrentarse a todos estos cambios, sino que tiene que soportar los comentarios que dicen de ella ya sean los maestros o sus compañeros de escuela. Ha escuchado a sus compañeros decirle que es de “rancho”.
“Asimilarse a los otros muchachos que principalmente hablan inglés es difícil. Están muy inseguros entrando al segundo año cuando tienen que estudiar alocución”, dice un maestro de El Dorado. “Muchos de mis alumnos me decían, ‘le va a tocar a él y no sabe mucho inglés’. Para entonces ya entienden el idioma así que pueden entender esos comentarios. Así que se inhiben y es muy difícil sacarlos de eso.”
Después de meses de frustraciones y lágrimas Mariana ahora parece tener más confianza en la escuela. Algunos maestros y compañeros le ayudan traduciéndole lo que aún no entiende bien.
Poco a poco su inglés y sus calificaciones van mejorando. Tiene que hacer esfuerzos dobles en todas las materias porque tiene que entender la materia además del idioma. Desde que empezó sus clases se queda hasta tarde en la escuela junto con los otros estudiantes de ESL [inglés como segundo idioma] para mejorar su inglés.
Ahora que está en una escuela americana, piensa aprovecharse de todas las oportunidades que se presentan. Dice que se va a mantenerse fuerte por encima de todos los obstáculos que se presenten en su nueva vida.
Periodista de El Espectador se ve obligada a salir del país
Información de elespectador.com
La Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, denunció que debido a las amenazas e intimidaciones contra Mary Luz Avendaño, corresponsal de El Espectador en Medellín, la periodista se vio obligada a abandonar el país. A pesar de recibir efectiva protección de la Policía municipal durante los últimos meses, la situación de inseguridad la llevó a tomar esta decisión.
La FLIP alertó sobre la preocupante situación que vive la libertad de prensa en Antioquia, especialmente en los municipios de Medellín, Guarne, Tarazá, Caucacia, Dabeiba, Arboletes y Apartadó, donde la FLIP ha documentado 1 asesinato, 5 amenazas y un periodista herido de bala durante cubrimiento, en lo que va del 2011.
El pasado 22 de junio, una fuente buscó a la periodista y le dijo que había recibido una llamada donde le advertían: “Dígale a su amiga, la periodista Mary Luz, que deje de publicar maricadas ¿o quiere ganarse el premio gordo?”.La persona de la llamada hacía referencia a las recientes publicaciones que había hecho la reportera sobre la violencia entre bandas de narcotráfico en Medellín y la posible complicidad de la Fuerza Pública.
A los pocos días de esa llamada, se hicieron otras llamadas a la sede de El Espectador en Medellín preguntando los datos personales y de residencia de la periodista. “Un amigo me decía que ellos en la Cruz Roja Internacional – dice Mary Luz- y nosotros, los periodistas, que cubrimos estos temas, tomamos la decisión de ser infelices porque cargamos sobre nuestros hombros el peso de conocer la realidad más dura y cruel del país. Sufrimos la impotencia de no poder hacer nada o muy poco, desde nuestros trabajos.”
Una vez recibidas las llamadas, el general Yesid Vázquez, comandante de la Policía de Medellín, dispuso un esquema de protección para la periodista. Sin embargo, por información de inteligencia y otra entregada por fuentes de las mismas bandas, confirmaron que la situación de riesgo de Avendaño continuaba siendo delicada.
Con el apoyo de varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de prensa, entre ellas la FLIP, CPJ, IPYS, Frontline, Rory Peck, Reporteros Sin Fronteras y Somos Defensores, Mary Luz salió del país por tiempo indefinido.
“En estos días por primera vez he pensado en dejar el periodismo, pero al día siguiente digo que es imposible. – revela Mary Luz - No me arrepiento ni un minuto de haber seguido en mi trabajo, eso es lo que he querido ser siempre: periodista.”
Mary Luz ha trabajado para Teleantioquia, Hora 13 Noticias y El Espectador, siempre cubriendo temas relacionados con derechos humanos, conflicto armado y narcotráfico.
La FLIP extendió su solidaridad a Mary Luz Avendaño y a su familia. A su vez, destacó la colaboración inmediata de la Policía de Medellín al brindar protección efectiva a la periodista y le solicitó a la Fiscalía avanzar en las investigaciones que permitan judicializar a los responsables. La FLIP recordó que la mejor medida de protección es detener a quienes han venido intimidando a Mary Luz Avendaño.
viernes, 19 de agosto de 2011
Secure Communities Nets Immigrants For Minor Offenses: Report
En Huffington Post
WASHINGTON -- The Department of Homeland Security took deportation action against at least 127 undocumented immigrants for minor offenses, such as loitering, under the Secure Communities enforcement program, according to a report this week from the American Immigration Lawyers Association.
"DHS claims it's targeting dangerous people, but AILA found otherwise," American Immigration Lawyers Association President Eleanor Pelta said in a statement. "These people are not the high priority, public safety threats this Administration says it's targeting. DHS should not be wasting resources pursuing low priority cases."
The Obama administration has attempted to tailor its immigration enforcement to what it calls the "worst of the worst": undocumented people who have committed serious crimes or are repeat violators of immigration law. But critics of Secure Communities, an enforcement program in which local police share fingerprints with immigration officials, say the program nets a significant number of non-criminal undocumented immigrants and people picked up for minor crimes.
Although it did not examine a major sample, the AILA report found that since 2008, at least 127 people have entered deportation proceedings under Secure Communities despite a lack of serious criminal history. The report, "Immigration Enforcement Off Target: Minor Offenses with Major Consequences," looked cases represented by immigration lawyers in 24 states and Washington, D.C., all of which involved minor offenses or no offense at all.
In one case, a man was arrested for being in a bar where a fight broke out between two other patrons. The police arrested everyone in the bar, regardless of whether they had been fighting, and the man was arrested and entered into deportation proceedings. In another case, a man was arrested for sitting on the steps of the New York City subway. Others were detained for not carrying identification or driving with an expired driver's license.
In about half of the cases examined, the individuals in question had resided in the United States for more than 10 years or had deep ties to the community, such as U.S. citizen family members, the report said.
"As a whole, the cases starkly illustrate how individuals who present no criminal justice concern to [local law enforcement agencies] and no risk to public safety are nevertheless being funneled into the removal process," the report states.
The Obama administration insists that a majority of those it deports have committed crimes and fit the profile of "worst of the worst." In a blog post on Tuesday, White House director of Intergovernmental Affairs Cecilia Munoz wrote that more than half of all removals were of people with criminal records, while non-criminals were mostly repeat immigration law offenders.
"Those statistics matter," Munoz wrote. "While we have more work to do, the statistics demonstrate that the strategy DHS put in place is working."
On Thursday, the administration announced it would conduct a case-by-case review of cases pending in the immigration system and close those of people considered "low-priority" for immigration enforcement.
WASHINGTON -- The Department of Homeland Security took deportation action against at least 127 undocumented immigrants for minor offenses, such as loitering, under the Secure Communities enforcement program, according to a report this week from the American Immigration Lawyers Association.
"DHS claims it's targeting dangerous people, but AILA found otherwise," American Immigration Lawyers Association President Eleanor Pelta said in a statement. "These people are not the high priority, public safety threats this Administration says it's targeting. DHS should not be wasting resources pursuing low priority cases."
The Obama administration has attempted to tailor its immigration enforcement to what it calls the "worst of the worst": undocumented people who have committed serious crimes or are repeat violators of immigration law. But critics of Secure Communities, an enforcement program in which local police share fingerprints with immigration officials, say the program nets a significant number of non-criminal undocumented immigrants and people picked up for minor crimes.
Although it did not examine a major sample, the AILA report found that since 2008, at least 127 people have entered deportation proceedings under Secure Communities despite a lack of serious criminal history. The report, "Immigration Enforcement Off Target: Minor Offenses with Major Consequences," looked cases represented by immigration lawyers in 24 states and Washington, D.C., all of which involved minor offenses or no offense at all.
In one case, a man was arrested for being in a bar where a fight broke out between two other patrons. The police arrested everyone in the bar, regardless of whether they had been fighting, and the man was arrested and entered into deportation proceedings. In another case, a man was arrested for sitting on the steps of the New York City subway. Others were detained for not carrying identification or driving with an expired driver's license.
In about half of the cases examined, the individuals in question had resided in the United States for more than 10 years or had deep ties to the community, such as U.S. citizen family members, the report said.
"As a whole, the cases starkly illustrate how individuals who present no criminal justice concern to [local law enforcement agencies] and no risk to public safety are nevertheless being funneled into the removal process," the report states.
"Those statistics matter," Munoz wrote. "While we have more work to do, the statistics demonstrate that the strategy DHS put in place is working."
On Thursday, the administration announced it would conduct a case-by-case review of cases pending in the immigration system and close those of people considered "low-priority" for immigration enforcement.
Sobreviviendo Juárez: Residentes toman medidas ingeniosas para protegerse de la narcoviolencia y la criminalidad
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Texto de Gilda Moriel dentro del proyecto MEXODUS
CIUDAD JUÁREZ — María, madre de cuatro hijos y administradora de varios negocios en Ciudad Juárez, ha tenido que tomar medidas para “sobrevivir” y protegerse de la violencia a su alrededor.
“Tuvimos que poner un sistema de cámaras que monitoreamos de casa a través del Internet”, dijo María de 54 años, que pidió no se revelara su apellido o detalles de su familia y negocios.
Esto, después de la extorsión de varios de sus negocios, el pago de la ya conocida “cuota”, un “secuestro exprés” de un familiar, y la vigilancia constante por parte de grupos delictivos.
Como consecuencia, contrató un guardia de seguridad para uno de los negocios e instaló alarmas. Ahora cierra las puertas de todos los negocios con seguros a media tarde y cuando empieza a obscurecer las abren sólo a clientes conocidos. También quitó todo tipo de anuncio publicitario del directorio telefónico y privatizó las líneas para que no aparezcan los números de teléfono publicados en ningún sitio.
A pesar de tomar estas medidas, María tuvo que cerrar uno de sus negocios hace dos meses debido a que el pago de la “cuota” absorbía todas las ganancias y ya no podían pagarla.
“Llegaron con metralletas y (uno de ellos) dijo traigan a su jefe en media hora”, comentó María, con voz consternada. Durante el asalto, ella y su familia veían el asalto a través de las cámaras en su casa. “Con todo y cámaras nos han robado dos o tres veces”, explicó.“Tú puedes tener cámaras, puedes tener guardias y a ellos no les importa”, dijo María. “Si van a robarte roban, si van a secuestrar, te secuestran”.
Desde 2006 cuando el Presidente Felipe Calderón declaró guerra contra el narcotráfico, Ciudad Juárez se ha convertido en una de las ciudades mas peligrosas del mundo. Tan sólo éste año se han registrado más de mil casos de asesinatos; en el 2010 se registraron 3,042 homicidios.
Con una población total de 1.3 millones, entre 30,000 y 125,000 residentes, muchos de ellos negociantes y profesionales, han huido de Ciudad Juárez en los últimos cinco años debido a la criminalidad, según varios estudios académicos y gubernamentales.
Residentes adaptan sus vidas para sobrevivir la violencia
Como María, muchos residentes de la cuidad fronteriza han adoptado medidas de seguridad para protegerse contra la violencia y la criminalidad diaria. Han instalado cercas de metal, casetas de seguridad y otras barricadas como barriles grandes para evitar la entrada de personas desconocidas a sus calles residenciales.
Rosa Beltrán Cazarez, sicóloga infantil juarense, dice que los niños son vulnerables a la constante violencia – especialmente si han presenciado un homicidio o tiroteo, o si se enteran de algún crimen a través de sus amigos de escuela.
“Lloran mucho, dejan de comer, bajan en calificaciones, presentan crisis de ansiedad y depresión”, dijo la sicóloga. Agregó, que algunos no pueden conciliar el sueño porque no viven en una ciudad tranquila.
“Les da miedo el entorno o tienen un amiguito en la escuela que les habla mucho de eso y les afecta su seguridad”, dijo Beltrán Casarez.
Quedan huérfanos cientos de niños por la violencia
Además, cientos de niños han quedado huérfanos porque sus padres han sido víctimas de homicidio. Según El Diario de Juárez, se han presentado 1,400 peticiones a nivel nacional solicitando ayuda financia por parte de niños huérfanos a través de un programa federal especial, Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen. Un alto porcentaje (el 70 por ciento) de las peticiones son por parte de niños de Juárez, reporta el periódico.
Beltrán Casarez añadió que los niños que han huido de la violencia en Juárez con sus padres para Estados Unidos o al interior de México también sufren de problemas emocionales como la “pobre auto estima” por el cambio drástico de escuela y residencia. Sugiere que los padres juarenses se mantengan atentos a los cambios emocionales en sus hijos, que eviten que vean imágenes de violencia en los medios de comunicación y que traten de mantenerse calmados cuando salen a la calle con sus hijos.
A consecuencia de los delitos que ha sufrido su familia, María dice que todos se mantienen alertas a quienes se encuentran a su alrededor cuando ellos entran y salen de su casa o negocios. También se llaman por teléfono durante el día para verificar que están bien.
“Llamo para reportarme que estoy bien, que estoy normalmente trabajando, que todavía existo”, explico María. “Procuramos refugiarnos en casa”.
Por su parte, Salvador, un ingeniero electrónico de 37 años, dice que él y su esposa le han prohibido a sus hijos que contesten el teléfono para evitar que revelen alguna información personal, por ejemplo si se encuentran solos en casa o donde están sus padres, para evitar que esta caiga en manos de un maleante. Tienen un número de teléfono privado y quitaron el mensaje personal de la contestadota.
“Mi esposa administra el acceso a la colonia, para tenerla de una manera restringida, con claves personalizadas que se cambian periódicamente”, dijo Salvador explicando que esto evita que algún desconocido entre a su calle residencial.
Escuelas toman precauciones para proteger los alumnos
En la escuela de sus hijos, los oficiales también han tomado medidas drásticas de seguridad, con guardias armados y encubiertos que se presentan vestidos de civiles a dicho instituto. Además, a los padres de familia se les proporcionaron identificaciones para sólo con éstas tener la autorización de recoger a los niños.
“La medida más drástica es que ya prácticamente dejamos de salir a actividades nocturnas”, dijo Salvador. Agregó que únicamente salen de compras a centros comerciales donde aún no se tienen identificados grupos delictivos operando y evitan los centros que no pagan por seguridad. Dice que cuando salen a la calle no cargan bolsas ni tarjetas de crédito.
“Ya no participamos en ningún tipo de encuesta que se haga en los centros comerciales porque esa fue una nueva forma de extorsión”, dijo Salvador.
La familia ha desechado la posibilidad de adquirir un carro de modelo reciente. Cuando salen en coche mantienen los vidrios cerrados y la distancia entre los otros automóviles en los altos y semáforos para tener espacio de salir en caso de ser necesario.
“Quitamos los polarizados de los carros para que no haya una confusión de las personas que buscan matar y confunden los carros”, concluyó.
Quemar papeles con datos personales
Por su parte, Irasema, auxiliar de contabilidad de 29 años, dijo que al ver como extorsionan a sus vecinos utilizando información personal, aún y teniendo líneas privadas, decidió quemar todos los documentos donde se encuentren sus datos como recibos de servicios y de tarjetas de crédito.
“Ya quemo todos los papeles a la basura. El teléfono de la casa lo cancelé porque a mis vecinas dos veces las extorsionaron y tuve miedo”, dijo Irasema.
Añadió que solo asiste a fiestas en casas de personas que conoce bien, no frecuenta centros nocturnos y sólo va a restaurantes si se encuentran en centros comerciales seguros.
“Muchas de mis amistades no saben donde vivo ahora”, dijo Irasema.
Al igual que Irasema, Juan José, universitario de la carrera de Ingeniería en Manufactura, no sale a centros nocturnos y prefiere visitar a sus amigos en sus casas. Esto lo decidió cuando presenció un asesinato en el parque cerca de su casa.
“No mas pasaron y rafaguearon (sic)”, dijo el joven de 19 años.
Ese día, Juan José iba caminando al gimnasio que estaba en frente del parque, cerca de una escuela, cuando oyó disparos. “Dije mejor corro y me resguardé entre una casa y un carro”. Cuando terminaron los disparos se fue al gimnasio donde el instructor estaba platicando que acababan de matar a una persona.
Dice que este no es el primer homicidio que sucede en dicho parque ya que anteriormente le dispararon a unos jóvenes que se encontraban en este mismo lugar. Por dicha violencia, Juan José ya no frecuenta más ese parque. Cuando quiere salir a jugar fútbol, va a un parque que se encuentra hundido debajo de la calle y protegido por paredes.
“Te evitas que pase un loco a rafaguear (sic)”, exclamó.
Luis, de 32 años, dice que a veces se siente “paranoico” cuando maneja dentro de la cuidad, especialmente cuando está parado en un semáforo. “Miras para ver quién esta a tu alrededor”, dijo.
Porque los SUV’s son blanco para los que roban carros, Luis ha cambiando el suyo por un Nissan Tsuru, compacto y modesto. A pesar de eso, él y su esposa han presenciado un acto de violencia. Cuando estaban comiendo hamburguesas con Esteban, su hijo de nueve meses, en un restaurante de comida rápida hace poco oyeron una balacera en el parqueo.
“Corrí hacia el baño con mi hijo”, dijo Luis.
Aumento de seguridad en centros comerciales
Los centros comerciales también han aumentado sus medidas de seguridad con el fin de mantener a su clientela en un ambiente más seguro.
“Instalamos unos botones de pánico donde inmediatamente sabes qué local es, y todos los guardias se enfocan a ir a ese local”, dijo Miguel Ángel Esquivel Villa, gerente administrador de Plaza Juárez Mall.
Explicó que la mayoría de los locales cuentan con uno y añadió que aumentaron la plantilla de guardias de seguridad, invirtieron más en cámaras y modificaron el horario de cierre del centro comercial.
“Ya no cerramos a las 10 de la noche, lo recorrimos una hora, a las 9”, dijo Esquivel Villa.
Agregó que en las entradas de los negocios distribuyeron trípticos con consejos de seguridad para los clientes. Por ejemplo, no llevar objetos de valor en la bolsa, cerciorarse de que nadie esté cerca al bajar del vehículo, no ir solo, no llamar la atención y tomar diferentes rutas a casa.
También, el centro comercial manda información a los locatarios de cómo manejar una contingencia de seguridad.
Además de accionar el botón de pánico, que puede ocultarse fácilmente en la bolsa del pantalón, les dan consejos de como revisar los candados de sus establecimientos en caso de que hayan sido violados, y lo reporten inmediatamente a la oficina de seguridad.
Por su parte, el Centro Comercial San Lorenzo, cerró su estacionamiento e instaló casetas para evitar los robos de autos y facilitar la detención de algún delincuente.
“Se hizo estacionamiento de cobro para controlar las entradas y las salidas de los vehículos”, dijo Julisa Ginen González, administradora del Centro Comercial San Lorenzo.
Por su parte en el Centro Comercial Las Torres, tienen algunos guardias de seguridad encubiertos que rotan constantemente para que la gente no los detecte.
“Se cambian los guardias y se visten de civiles”, dijo Francisco Rodarte, administrador de Plaza Las Torres.
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Nota del editor: Los apellidos de algunos de los residentes de Juárez han sido omitidos por seguridad.
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