La ilegalidad en la que muchos de los casinos del país operan no es un fenómeno reciente. Durante los últimos 10 años la cantidad de casinos en el país ha crecido exponencialmente. En el 2000 existían sólo 5 casinos en Nuevo León; actualmente el número asciende a 54. Este crecimiento se ha dado en todo el país, el cual cuenta con un total de 790 casinos.
Esta propagación tan acelerada fue permitida por los huecos legales en los permisos otorgados a los dueños de los casinos. Según una investigación del mes de julio del semanario Proceso, el año pasado se contabilizaron 185 casinos trabajando de forma ilegal, 34 de ellos en Nuevo León, 24 en DF, 16 en Coahuila y los demás esparcidos en el resto del país.
Un momento clave en el crecimiento de esta industria fue la renovación de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en el año 2004, misma que fue apoyada por el entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel. Tras la implementación de dicha ley no se cancelaron permisos, sino al contrario, se otorgaron nuevos, propiciando su proliferación. La magnitud del problema hoy en día es innegable tras los trágicos sucesos ocurridos ayer en el Casino Royale, en el que 53 personas perdieron la vida, de acuerdo a datos oficiales, y que el Presidente Felipe Calderón calificó como un “acto de terror y barbarie”. Sin embargo, las cuantiosas cifras con las que dueños de los casinos sobornan a jueces y funcionarios también son alarmantes: los casinos al ser ilegales dejan de pagar al Estado al menos mil quinientos millones de pesos anuales.
Jueces corruptos fomentan la existencia de casinos ilegales
El problema involucra tanto a los dueños de los casinos que no cumplen con la Ley de Juegos y Sorteos, como a los jueces corruptos que reciben sobornos a cambio de no denunciar irregularidades.
Uno de ellos es Esiquio Martínez Hernández, secretario del Juzgado Noveno de la Ciudad de México, detenido y encarcelado en junio por enriquecimiento ilícito, cuando la PGR detectó movimientos financieros en sus cuentas bancarias por más de 400 millones de pesos, según informó el periódico La Jornada el 28 de mayo.
El juez recibió en una de sus cuentas 500 mil pesos tras haber concedido una suspensión para que se reabriera el casino Paradise, cerrado por irregularidades, y que lava dinero para una organización delictiva, como publicó el periódico Reforma el 4 de junio.
Otro juez presuntamente involucrado en la concesión de permisos a casinos irregulares es Ricardo Hirám Barbosa, acusado de proteger distintos casinos que operaban en su municipio por el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza. El Consejo de la Judicatura Federal decidió suspenderlo temporalmente.
Irregularidades denunciadas
En mayo de este año el ayuntamiento municipal suspendió las actividades del Casino Royale de Monterrey por no contar con los permisos necesarios para ampliar el lugar. Sin embargo tiempo después el Casino reabrió y continuó con sus planes de expansión. De esta forma paso expandió su construcción de 4,000 metros cuadrados a 10,000 metros cuadrados. Se desconoce el nombre del juez que le otorgó la revocación al casino, pero se presume que recibió un soborno por hacerlo.
En abril de este año la diputada perredista Lizbeth García Coronado denunció al casino ante la PGR. El 2 de mayo la diputada presentó otra denuncia contra el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y la Directora de Juegos y Sorteos, María Guadalupe López Mares, bajo la razón de que “hay en Nuevo León 57 casas de apuesta y 31 son ilegales”. (Proceso, 10 julio).
Casinos y el crimen organizado
No es casualidad que el crecimiento de los casinos vaya a la par del crecimiento de la inseguridad y del crimen organizado. Documentos internos de permisionarios dados a conocer este año sugieren que los casinos son usados para lavar dinero del crimen organizado. Los más sospechosos son los 185 que siguen abiertos sin permisos.
En los últimos meses los ataques a casinos han aumentado. El 25 de mayo 4 casinos fueron atacados simultáneamente en Monterrey, ninguno de los cuales tenía permiso para operar.
Paralelo al accidente de ayer en Casino Royale, dos casinos de la cadena Caliente fueron atacados en Saltillo y Reynosa. La cadena Caliente es propiedad de Jorge Hank Rhon.
Respecto al también dueño del Hipódromo Agua Caliente y ex-alcalde de Tijuana por el PRI, un cable emitido por el consulado de Estados Unidos en Tijuana en julio de 2009 y filtrado por Wikileaks, cuestionó " la existencia de ‘refugios seguros´ para el narcotráfico", señalando al Hipódromo Agua Caliente como uno de ellos.
¿Quiénes son los dueños de Casino Royale?
Este año el número de casinos ilegales disminuyó a 140, no porque se clausuraron sino porque los empresarios que tienen permisos se asocian con los que no tienen, según Proceso.
Éste es el caso del Casino Royale de Monterrey. De acuerdo al diario Vanguardia, su dueño es Raúl Rocha, empresario de CYMSA Corporation S.A. de C.V., quien se asoció con Ramón Madero, dueño de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, para poder usar el permiso federal que la Secretaria de Gobernación otorgó a la empresa de Madero.
El día de ayer se dijo que Rodrigo Aguirre Vizzuett estaba asociado con Madero; al respecto la familia Vizuett declaró ayer en Milenio Televisión que ellos ya no eran socios de Atracciones y Emociones Vallarta, pues Madero se apropió de la empresa bajo condiciones que no aclararon.
Ramón Madero es primo del que fuera alcalde de Monterrey de 2005 a 2009, Adalberto Arturo Madero Quiroga.
Fuentes:
“Los casinos: Abusos, anarquía, narco…” Artículo publicado en el Semanario Proceso el 10 de julio de 2011, por Jesusa Cervantes y Luciano Campos.
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